Seguridad, Formación, Capacitación, Resocialización, Historia

Por imperio de su Ley Orgánica, el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación cuya misión consiste en “la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor”.

Su estructura se constituye principalmente por una Dirección Nacional y una Subdirección Nacional, cargos que son la cabeza máxima de la Institución, ejercidos cada uno por un Inspector General egresado de la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O'Connor”, y tres Direcciones Generales.

Depende del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La Dirección Nacional es el organismo técnico responsable de la conducción del Servicio Penitenciario Federal, que tiene a su cargo los institutos y servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la readaptación social de los condenados a sanciones penales privativas y restrictivas de libertad en el territorio de la Capital Federal y de las provincias, dentro de la Jurisdicción del Gobierno de la Nación , y el traslado de los internos de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias.

Entre las funciones del Director Nacional se destacan:

•  Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental;

•  Promover la readaptación social de los condenados a sanciones privativas de libertad;

•  Participar en la asistencia postpenitenciaria;

• Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y administrativas sobre la personalidad de los internos, en los casos que legal o reglamentariamente corresponda;

•  Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria;

•  Cooperar con otros organismos en la elaboración de una política de prevención de la criminalidad;

•  Contribuir al estudio de las reformas de la legislación vinculada a la defensa social;

•  Asesorar en materia de su competencia a otros organismos de jurisdicción Nacional o provincial.